Esteban Serrano Tamayo
Secretario de Organización
El Concurso General de Traslados es, para la mayoría del profesorado madrileño, una de las principales vías para avanzar hacia la estabilidad laboral y acercarse a un destino que permita conciliar, crecer profesionalmente y desarrollar proyectos educativos a largo plazo. Sin embargo, la realidad del proceso en la Comunidad de Madrid sigue generando dudas, malestar y la sensación de que existe un amplio margen de mejora para adaptarlo a las necesidades actuales de los docentes.
Una de las cuestiones que venimos solicitando a la Administración madrileña es una oferta formativa suficiente para certificar la competencia digital docente. En un contexto en el que la digitalización es un pilar del trabajo en las aulas, resulta llamativo que Madrid aún no haya consolidado procedimientos claros y accesibles para que el profesorado pueda acreditar esta competencia dentro del concurso de traslados. La formación digital influye directamente en la calidad de la enseñanza, y muchos docentes ya realizan cursos como los ofrecidos por ANPE-Madrid, actualizan metodologías y participan en proyectos tecnológicos sin que ese esfuerzo se vea reflejado de manera oficial. Crear un marco fiable de certificación sería un paso lógico para reconocer la preparación real del profesorado y fomentar la actualización permanente, evitando además la discriminación con el profesorado de otras autonomías que sí pueden certificar con más facilidad esta competencia digital cuando el concurso de traslados es de ámbito nacional y optar a vacantes en nuestra autonomía.
A ello se suma un clima general de preocupación por la falta de estabilidad, que viene reflejándose en los últimos años. Tal y como venimos denunciando desde ANPE-Madrid, observamos un aumento del desgaste profesional, motivado por la incertidumbre, las dificultades para consolidar un destino estable y la percepción de que los procedimientos administrativos avanzan más despacio de lo que requieren los tiempos educativos. Esta inquietud no surge de un problema puntual, sino de un conjunto de factores que hacen que muchos docentes sientan que la movilidad se ha convertido en una carrera larga y poco previsible.
En este contexto, la nota difundida recientemente por la Dirección General de Recursos Humanos ha generado un debate interno. El mensaje anima a los equipos directivos a difundir entre su profesorado una novedad relevante del baremo: la posibilidad de que quienes estén en comisión de servicios en determinados programas o ejerciendo cargos directivos (excepto la dirección) puedan optar a obtener destino definitivo en la plaza que ocupan. La Administración presenta esta medida como una forma de reconocer el compromiso demostrado en esos puestos y de favorecer la continuidad de proyectos educativos que requieren estabilidad. Desconocemos las posibles repercusiones negativas que esta medida puede acarrear sobre los participantes, el resto del profesorado y los centros educativos. Desde ANPE-Madrid consideramos que, si el objetivo de esta medida es estabilizar las plantillas en los centros, la Administración debe garantizar que se oferten el mayor número posible de plazas en los concursos de traslados autonómicos y, al mismo tiempo, regular adecuadamente las comisiones de servicio.
La sensación mayoritaria es que el concurso de traslados necesita una revisión profunda del baremo, agilizar los trámites y mejorar la comunicación. Los errores en listados provisionales, los periodos de reclamación ajustados o la publicación tardía de vacantes siguen siendo elementos que generan tensión en un proceso que, idealmente, debería ofrecer certidumbre y confianza al profesorado madrileño.
La realidad del proceso en la Comunidad de Madrid sigue generando dudas, malestar y la sensación de que existe un amplio margen de mejora