Balance de un curso desigual
El próximo 26 de junio se celebran Elecciones Generales por segunda vez en lo que va de curso. Esperemos que tras la cita electoral pueda configurarse un gobierno nacional que dé estabilidad a la educación y tenga la capacidad de abrir un diálogo y un debate con todos los agentes educativos y las fuerzas políticas que permita realizar el diagnóstico compartido de la verdadera situación de la educación española en todos los niveles, incluida la universidad, imprescindible, como paso previo, para avanzar en un Pacto de Estado educativo. Una tarea que no puede realizarse en unos meses sino que requiere tiempo, prudencia y sosiego, incompatibles con la urgencia o el oportunismo, y un formato que facilite la participación del profesorado para fraguar unos acuerdos duraderos.
Algo bien distinto del documento que se nos ha presentado en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que pretende ser la base de un futuro Pacto por la Mejora de la Educación madrileña promovido por el Gobierno Regional y que constituye un catálogo de recomendaciones descontextualizadas, cuestionables e interpretables, que no contiene ni un somero diagnóstico de la situación de la educación regional.
ANPE se ha manifestado crítico con el mismo, tanto por no haber contado con la participación de los centros docentes ni del profesorado y por tener un enfoque marcadamente neologsiano que creíamos superado, como por la naturaleza y el alcance de algunas medidas que recomienda y por las carencias que evidencia.
Comenzábamos el curso con el compromiso incumplido de la Consejería de Educación de tener listo un nuevo Acuerdo Sectorial que sustituyese al de 2006-2009. A punto de concluirlo, la realidad es que no hay interés de negociación en este asunto por parte de la Administración, una vez que ya se ha comprado la paz social.
El Gobierno regional, los dos sindicatos mayoritarios y la patronal madrileña firmaron en marzo un acuerdo “en favor del empleo” para el periodo 2016-2017, con una dotación de 650 millones de euros y que incluye 70 acciones encaminadas a reforzar la estabilidad laboral y a cualificar a los parados de larga duración. Un dinero que se irradia en parte hacia esas organizaciones, para que puedan implementar las medidas que contiene dicho acuerdo.
Quizás con estas claves, se entiendan la mejor la lentitud y los escasos resultados que se han obtenido a lo largo del curso en la Mesa Sectorial en relación a los temas profesionales y aspectos que tendrían que significar la reversión de los recortes. Si bien durante este curso se ha reactivado la Mesa Sectorial con diversas reuniones, a las que han acompañado las correspondientes Mesas Técnicas con buen tono y en un clima constructivo, el balance ha sido insuficiente.
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Esperemos que tras la cita |
El Acuerdo de interinos ha sido la excepción porque, tras la derogación por la Asamblea de Madrid del Decreto 42/2013 y las normas que lo desarrollaban, no hubo más remedio que ponerse a negociar de forma inmediata y resolutiva un nuevo acuerdo que llenase el vacío legal producido. Este Acuerdo supone una enmienda a la totalidad de la anterior regulación, tal como reclamábamos, y un cambio radical en los requisitos de acceso, al ponderar el valor de la experiencia como factor de calidad y la nota de la oposición.
El Acuerdo constituye un avance para el profesorado interino en muchos aspectos, aunque han quedado cuestiones pendientes, como el pago del verano, que debería quedar cerrado en la Mesa Sectorial antes de finales de junio, un objetivo difícilmente alcanzable, so pena de que la Administración regional nos sorprenda o que sea de nuevo la Asamblea de Madrid la que incluya en la Ley de Presupuestos la partida y el mandato para el año que viene. Tampoco renunciamos a que se reconozca a este colectivo el pago de sexenios, tras las sentencias en cascada favorables a quienes los han demandado.
También es positivo el resultado de la negociación de una nueva orden de Formación, a punto de cerrarse, que será menos restrictiva que la anterior y volverá a incorporar aspectos y modalidades formativas anulados en 2008.
Esperamos que el Gobierno regional entienda las circunstancias en que se encuentra la educación madrileña, haga de la necesidad virtud y acelere los tiempos y los resultados en la consecución de estos acuerdos. Si no, van a ser sus adversarios políticos quienes en la Asamblea de Madrid, donde tienen mayoría, le enmendarán la plana, incluida la Ley de Presupuestos, y rentabilizarán políticamente aquellas cuestiones que suponen una reversión de los recortes y afectan a los docentes.
Si durante el primer trimestre del curso que ahora finaliza, dimos al consejero un margen de confianza para que encarrilara la política educativa y entendimos que no era posible plantear de golpe todas las cuestiones pendientes para el profesorado, llegados al mes de junio se hace inevitable reclamar que al comienzo del curso 2016-2017 estén encaminados los asuntos pendientes.
Es una prioridad para nosotros iniciar en septiembre la negociación del Acuerdo Sectorial, fallida durante este curso. En paralelo, y a la vista de cómo se dotan con cientos de millones de euros los “grandes acuerdos”, pondremos sobre la mesa la recuperación de todos los derechos perdidos por el profesorado de la enseñanza pública madrileña en los últimos cinco años.
La vuelta a las dieciocho horas lectivas en Secundaria, el pago de las tutorías, la adaptación de los permisos y licencias al resto de funcionarios, los derechos sindicales son algunos de los temas que deben abordarse sin más dilación, o el profesorado entenderá que se le está tomando el pelo y que su situación sigue sin ser una prioridad para los políticos regionales.
ANPE va a estar al lado de los intereses del profesorado –en solitario o con los apoyos que considere oportunos– y va a reclamar, sin paliativos, un incremento significativo de la inversión educativa que permita la reversión de los recortes, el refuerzo de las plantillas en los centros, la reducción de la alta tasa de profesorado interino, situada en un 20 % en nuestra región. Todas estas medidas, que son lo sustancial, deben ser incorporadas a ese pacto regional por la mejora educativa para que ANPE pueda sumarse a él y esto conlleva inevitablemente que se destine una partida presupuestaria para su desarrollo pues, atendiendo al precedente del acuerdo firmado en marzo entre el Gobierno regional, los sindicatos mayoritarios y la patronal, sería impensable un pacto educativo a coste cero después de varios años de recortes y desinversión.
Situados de lleno en la contienda electoral, por segunda vez en el curso, algunos partidos abogan por la derogación de la LOMCE si llegan al poder. Otros, ante una nueva cita con las urnas, apuestan por anunciar medidas educativas descontextualizadas y sin datos previos que las avalen, basadas en estereotipos o en suposiciones no contrastadas, más cercanas a la ocurrencia oportunista que a lo que realmente necesita la educación.
Si algo faltaba para completar este panorama tan poco amable hacia el profesorado, ansioso del cambio real de talante que parecía augurar esta nueva legislatura, las gotas que han colmado el vaso de su paciencia han sido, por una parte, los “cuestionarios de contexto” realizados a los alumnos de sexto de Primaria, sus familias y la dirección de los centros, y por otra, la polémica resolución sobre los deberes escolares, aprobada en la Asamblea de Madrid.
Sin cuestionar la evaluación de sexto de Primaria, los cuestionarios de contexto que la han acompañado han generado la indignación de los profesores de la enseñanza pública, y el rechazo de ANPE, que han visto cómo en ellos se han incluido preguntas o ítems totalmente subjetivos (¡a los alumnos de sexto de Primaria!), sobre aspectos claves de la práctica docente que no debían figurar en ellos de ningún modo, pues no era el momento de evaluar al profesorado. En ellos solo debían aparecer preguntas que realmente sirvieran para determinar el nivel socioeconómico y cultural de los centros, al objeto de contextualizar los resultados de la evaluación de los alumnos.
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Y lo que es más grave, en su elaboración se prescindió de la opinión de los docentes y fueron “olvidados” por la Administración educativa estatal cuando estableció, en la Resolución de 30 de marzo de 2016, quiénes eran sus destinatarios. La Consejería de Educación madrileña tenía la potestad de subsanar al menos esta omisión e incluir otro cuestionario destinado al profesorado, pero tampoco lo hizo.
El debate suscitado tras la aprobación en la Asamblea de una PNL en la que se pretende que sea la Consejería quien regule el tiempo o la duración semanal de los deberes y el tipo de tareas que pueden o deben poner los profesores es un claro ejemplo de intromisión inaceptable en el ámbito técnico profesional del docente y en la autonomía de los centros.
Por tanto, pocas luces y muchas sombras en el curso que finaliza e incertidumbre para el próximo. Es preciso que los máximos responsables políticos entiendan que deben dar mayor relevancia al profesorado en la toma de decisiones de los asuntos importantes de la educación y en las políticas que le afectan. Los profesores, con su saber y experiencia, son el contrapunto necesario que debieran tener en cuenta quienes gobiernan para acertar en las decisiones educativas y que sus propuestas puedan ser compartidas, y no pretender suplantar su punto de vista por el de consejeros áulicos o asesores designados a dedo.
Mientras no se involucre especialmente al profesorado, que está a pie de aula, y a las organizaciones representativas como principales aglutinantes, cualquier acuerdo o pacto será imposible, y las reformas y medidas seguirán teniendo fecha de caducidad.
