Nuevo curso nueva ley educativa


Tras un comienzo de curso tranquilo, en términos generales, con algunas incidencias provocadas por los últimos coletazos –esperemos que así sea– de la pandemia del coronavirus en el entorno escolar, avanza el primer trimestre en un escenario de incertidumbre para los docentes de la enseñanza pública, debido al desarrollo y puesta en marcha de una nueva ley educativa que, una vez más, nace sin diálogo ni consenso, y que no es la que el sistema educativo necesita.

A la entrada en vigor de la LOMLOE (19 de enero de 2021) se aplicaron las modificaciones relativas a la participación y competencias de Consejo Escolar, Claustro y director; autonomía de los centros; selección del director en centros públicos; y la admisión de alumnos.

En el curso 2021-2022, se implantarán las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas, así como en las condiciones de titulación de Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos formativos de Grado Básico y Bachillerato; la titulación de las enseñanzas profesionales de Música y Danza; y las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas.

Para ANPE es ineludible su participación, tanto en el ámbito estatal como autonómico, en el desarrollo normativo de la LOMLOE en lo que concierne a los aspectos académicos y profesionales. El desarrollo curricular y la regulación de los criterios de evaluación, promoción y titulación, así como la situación de los docentes y su futuro profesional son cuestiones fundamentales que reflejan el verdadero sentido de esta ley, y que tendrán que ser llevados a la práctica por el profesorado. Por esta razón, es preciso que, como legítimos representantes del profesorado, podamos realizar una valoración de los mismos y cuantas propuestas consideremos pertinentes como profesionales de la enseñanza.

En la Comunidad de Madrid, es manifiesta la rebeldía de la Consejería de Educación y del propio gobierno regional con la nueva ley educativa. Su rechazo le lleva a buscar fórmulas y resquicios legales que le permitan eludir su aplicación. Prueba de ello fueron el adelanto del último proceso de selección de directores, la convocatoria inmediata de oposiciones al cuerpo de inspectores o la ley maestra de libertad educativa.

Ahora que parece vislumbrarse una cierta vuelta a la normalidad, es el momento de iniciar la negociación de un nuevo Acuerdo Sectorial

El desarrollo de la normativa autonómica y la implantación de la LOMLOE en Madrid, está siendo un proceso complejo y no ajeno a la polémica y en este escenario, sin duda, la enseñanza pública será la más perjudicada.

En otro orden de cosas, el pasado 23 de septiembre se celebró la primera Mesa Sectorial del curso en la que se acordó la firma protocolaria del acuerdo que regula el teletrabajo en el ámbito docente. En dicha Mesa, ANPE-Madrid también solicitó, ahora que parece vislumbrarse una cierta vuelta a la normalidad, la apertura de negociaciones para alcanzar un nuevo Acuerdo Sectorial que incluyese, entre otras cuestiones, la inmediata equiparación salarial de los funcionarios docentes, pertenecientes a cuerpos de carácter estatal, en todo el territorio nacional, con el fin de evitar el incremento de las desigualdades ya existentes; la reducción del horario lectivo a un máximo de 18 horas para los profesores de Educación Secundaria y 23 horas en el caso de los maestros de Primaria, en cumplimiento de la recomendación de la Ley 4/2019 de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria; el pago de las tutorías en Infantil y Primaria; y la necesaria reducción de ratios.

Valoramos la actitud dialogante del director de recursos humanos, al tiempo que instamos a las autoridades educativas a presentar cuanto antes sus nuevas líneas de trabajo y un calendario de reuniones, para que comience a materializarse de inmediato la regulación de las cuestiones prioritarias.

Seguiremos reivindicando cuantas medidas sean necesarias para la recuperación y mejora de las condiciones laborales de los docentes, mediante políticas y acuerdos beneficiosos y en pro de la enseñanza pública, hasta lograr que su profesorado alcance el reconocimiento que le corresponde.