Panorama educativo en la Comunidad de Madrid


Panorama educativo en la Comunidad de Madrid

Situados ya en el ecuador del curso, debemos decir que el balance de los aspectos negociados con la Consejería de Educación en favor del profesorado de la educación pública madrileña es desigual.

Las reuniones mantenidas entre las organizaciones sindicales y la Administración han producido avances parciales en algunas cuestiones, tales como la formación profesional bilingüe, el establecimiento del nivel C1 y el proceso extraordinario de habilitación en el último trimestre del curso en las Escuelas Oficiales de Idiomas, el acceso de los interinos que están en las listas a la formación, las instrucciones sobre el plan de formación para 2016, la acumulación del permiso por cuidado de un familiar.

El mayor logro
de la Mesa Sectorial,
reactivada tras el cambio de legislatura, ha sido la firma
del Acuerdo de Interinos

Pero el mayor logro de la Mesa Sectorial de Educación, reactivada tras el cambio de legislatura, ha sido la firma del nuevo Acuerdo sobre funcionarios interinos docentes en la Comunidad de Madrid. Consideramos que es un texto equilibrado, que recupera el valor de la experiencia con medidas que responden a las necesidades de este colectivo y del sistema educativo, que favorece la estabilidad y palía la situación de indefensión en que había quedado tras la derogación del decreto anterior, al incluir el pago de trienios, la habilitación por experiencia, una especial consideración a los mayores de cincuenta y cinco años o más de quince años de servicio. Sin embargo, han quedado pendientes algunos asuntos, cuya negociación prevé la Disposición Final Primera del Acuerdo, como el cobro del verano y los sexenios, y en los cuales seguiremos trabajando, para que el profesorado interino consolide estos derechos.

Por otra parte, en la Mesa Sectorial de Educación celebrada el 11 de marzo, se ha acordado una oferta de 1500 plazas para empleo docente en 2016. Aunque habíamos demandado una cantidad superior, estamos moderadamente satisfechos con esta cifra. Pero la oferta, que desborda ligeramente la tasa de reposición de efectivos del 100 %, no permitirá reducir la interinidad actual, superior al 20 %, máxime cuando aumentarán las necesidades de profesorado, por aplicación de la reducción de ratios prescrita por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016. Seguiremos insistiendo en la urgencia de derogar, a nivel estatal, la tasa de reposición de efectivos. Por otra parte, es necesario un plan de legislatura para la recuperación de empleo en la Comunidad de Madrid, que permita incrementar en forma notable la oferta de empleo docente en futuras convocatorias, para reducir la tasa de interinidad, convertir el empleo precario en estable y recuperar los miles de puestos de trabajo perdidos durante los últimos años.

Al cierre de esta edición, siguen abiertos temas tan importantes como la modificación o sustitución de la actual orden de formación del profesorado, sobre la cual ya se han producido varias reuniones entre la Administración y los sindicatos de la Mesa Sectorial. Ha habido un acercamiento importante de posturas y la Consejería y la Dirección General correspondiente han manifestado buena disposición para introducir cambios y publicar una orden menos restrictiva.

No estamos de acuerdo en que
se exija al profesorado que
cambie de forma de enseñar o
se adapte con fe ciega a teorías
educativas ya experimentadas
con escaso éxito

Queda pendiente también un tema importante como es la actualización de los permisos y licencias, y su adaptación a los acuerdos que en el marco de la Función Pública se han establecido entre los sindicatos y el Gobierno Regional, en especial respecto a los días de libre disposición que se han pactado para todos los funcionarios y poder acompañar a un hijo al médico en caso de enfermedad grave. Atendiendo la petición de ANPE, la Consejería ha accedido a acumular en quince días naturales el permiso de media jornada, durante un mes, para atender a un familiar de primer grado en caso de enfermedad muy grave.

Estamos pendientes de que la Consejería de Educación convoque una mesa técnica para hablar de la Inspección educativa, tras la solicitud formulada por ANPE-Madrid y otros sindicatos, y una vez que hemos conocido que la viceconsejera de Organización Educativa se ha reunido con las asociaciones de inspectores. El marco negociador de las condiciones de trabajo de todos los cuerpos docentes, incluidos los inspectores de educación, corresponde a la Mesa Sectorial y esperamos ser convocados próximamente.

En relación a los debates sobre la mejora de la calidad de la educación madrileña, centrados en el cambio de paradigma educativo y en la mejora de la práctica docente, tenemos que señalar que nos sentimos defraudados.

El documento final presentado para aprobación en la Comisión Permanente del Consejo Escolar, denominado Informe del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid: Recomendaciones para el diseño de acciones educativas en relación a las familias, el alumnado, la convivencia, el profesorado y los centros docentes, elaborado por el equipo técnico en base a las aportaciones realizadas en unas jornadas celebradas en el mes de noviembre, que fueron dirigidas por una empresa externa al Consejo y contaron con la presencia de diferentes expertos, tiene un sesgo marcadamente logsiano. Las ideas y propuestas que se recogen en él se apoyan en gran medida en una literatura pedagógica reformateada, ya conocida, cuyos enfoques han sido descartados en otros países y que han sustentado las leyes educativas españolas desde la LOGSE. Son las que han generado el desaguisado educativo y el consiguiente desconcierto en los profesores, a los que ahora se quiere responsabilizar del estado de la Educación madrileña y que el Consejo Escolar promociona en este informe, sobre el que ANPE-Madrid ha presentado un voto particular contrario.

Este documento pretende ser la base del futuro Pacto por la Educación madrileña, con la participación de las fuerzas políticas de la Asamblea de Madrid y del resto de los sectores de la comunidad educativa. Algo que vemos muy difícil de asumir y apoyar, ya que se establece el punto de partida –tras esas jornadas y a la vista de la documentación manejada– como una enmienda a la totalidad de la actividad docente y de la educación madrileña, considerada injustamente como un barbecho, cuando su posición en los estándares internacionales y la de los resultados de sus escolares es homologable a los países más desarrollados, y está a la cabeza de las comunidades españolas. En ello tienen mucho que ver esos docentes que ahora son cuestionados.

No estamos de acuerdo en que se le exija al profesorado que cambie de forma de enseñar o se adapte con fe ciega a corrientes o teorías educativas que, en versión actualizada, ya han sido experimentadas en otros países con escaso éxito, pero que son abrazadas sin reparo por la actual Consejería de Educación madrileña. Si hay que buscar un paradigma de éxito, miremos a Finlandia y la autonomía con la que desempeñan su profesión los profesores finlandeses, caracterizada por el empleo de métodos tradicionales de alto valor.

Junto a esta cuestión y en paralelo, se produce un debate sobre la convivencia escolar donde, aprovechando la buena disposición de los actuales gestores, también irrumpen con fuerza las mismas tesis y propuestas que rechazábamos hace diez años, apoyadas por los mismos sectores que entonces se opusieron a la actual normativa de convivencia y a la Ley de Autoridad del Profesor, y que siguen cuestionando su enfoque y validez. En este caso la cuestión es más grave, ya que en paralelo se están promoviendo activamente, desde diversas instancias, planes y programas de intervención en centros que consideran el acoso escolar como un conflicto susceptible de ser tratado mediante la mediación escolar, en colisión con los protocolos de la propia Consejería y con la normativa vigente, lo que puede suponer una doble victimización para quienes lo padecen y un peligro moral y ético para el alumnado.

La reapertura de este debate se perfila como una oportunidad perdida de poner en valor frente a los alumnos, la comunidad educativa y la sociedad, el relevante papel de los centros y del profesorado de la enseñanza pública en la impartición de la educación de calidad que se da en la Comunidad de Madrid.