Inicio de curso y de legislatura


 

Editorial

Inicio de curso y de legislatura  

El inicio de curso ha coincidido, en la Comunidad de Madrid, con la apertura de una nueva legislatura y, en consecuencia, un cambio en las autoridades que gestionarán la educación regional.

Una de las reivindicaciones prioritarias de ANPE-Madrid es
la reducción del horario lectivo

El nuevo consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio Crespo, convocó a las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación a una reunión de toma de contacto, que tuvo lugar el pasado 6 de septiembre, donde puso de manifiesto su buena disposición a continuar con el diálogo mantenido entre la anterior Consejería y los representantes del profesorado, gracias al cual se alcanzaron importantes acuerdos para la mejora de las condiciones sociolaborales de los docentes.

En el encuentro, reiteramos la necesidad de una decidida apuesta por la educación pública y su profesorado, mediante el aumento de la inversión presupuestaria, el refuerzo de las plantillas en los centros, la reducción de las ratios y la carga lectiva, algo que repercutirá favorablemente en la situación de los docentes y, por ende, de la calidad de la educación madrileña.

Una de las reivindicaciones prioritarias de ANPE-Madrid es la reducción del horario lectivo a un máximo de 18 horas para los profesores de Educación Secundaria y 23 horas en el caso de los maestros de Primaria, en cumplimiento de la recomendación de la Ley 4/2019 de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. Por esta razón, junto con el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación, emprendimos en el pasado mes de mayo una campaña de recogida de firmas del profesorado de la enseñanza pública madrileña, que entregamos a la Consejería de Educación el pasado 18 de septiembre. Las 20 mil firmas registradas evidencian la urgencia de acometer esta disminución de unos horarios lectivos que resultan excesivos para los docentes y perjudiciales para el alumnado y la calidad de la enseñanza.

Desde el comienzo de curso, requerirá especial atención la inmediata equiparación
de las condiciones laborales
de los docentes

Otros asuntos que requerirán especial atención desde el comienzo de este curso son, entre otros, la inmediata equiparación de las condiciones laborales de los funcionarios docentes, pertenecientes a cuerpos de carácter estatal, en todo el territorio nacional, con el fin de evitar el incremento de las desigualdades ya existentes, particularmente en cuanto a las diferencias salariales; el desarrollo de los aspectos pendientes del Acuerdo Sectorial, en cuanto a la mejora de las condiciones recogidas en el mismo, si la situación económica lo permite, y a las medidas de acción social, formación del profesorado y reconocimiento de la profesión docente; amplias ofertas de empleo público, que permitan reducir la tasa de interinidad y favorezcan la estabilidad de las plantillas docentes, así como la negociación de un Plan de Empleo a largo plazo; convocatorias de acceso a cátedras acordes al compromiso asumido por la Administración madrileña en el Acuerdo Sectorial Docente; la negociación de un modelo de carrera profesional, en el ámbito regional; la puesta en marcha del Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

Valoramos la actitud dialogante del nuevo equipo de gobierno de la Consejería de Educación y Juventud, al tiempo que instamos a las autoridades educativas a presentar cuanto antes sus nuevas líneas de trabajo y un calendario de reuniones, para que comience a materializarse de inmediato la regulación de las cuestiones prioritarias.

Aún queda mucho camino por andar hasta lograr que el profesorado de la enseñanza pública alcance el reconocimiento que le corresponde, como pilar de la educación madrileña. Por tanto, continuaremos reivindicando cuantas medidas sean necesarias para la recuperación y mejora de sus condiciones laborales, mediante políticas y acuerdos beneficiosos para los docentes y en pro de la enseñanza pública.