Gestionar la educación pública sin el profesorado

Gestionar la educación pública sin el profesorado

Francisco Melcón Beltrán
Presidente de ANPE-Madrid

Al punto de finalizar el primer trimestre del curso escolar, el diálogo y la negociación con la Administración educativa madrileña siguen en vía muerta. Está claro que quien dirige los designios de la educación en la Comunidad de Madrid no cree que merezca la pena informar a los representantes de los profesores de las cuestiones que les afectan ni de los planes que tiene la Consejería de Educación para el futuro.

Un comienzo de curso con graves errores en la planificación y en la gestión de la provisión de puestos docentes, con una deficiente y tardía planificación, con los mismos problemas técnicos que se repiten –sin solución– año tras año, con la opaca contratación –otra vez– de profesores nativos sin que sepamos ni el modo en que se ha llevado a cabo ni las condiciones en las que están estos docentes en los centros públicos y, especialmente, con la falta de información –más allá de lo que se ha dicho en prensa– sobre los datos relativos a las últimas oposiciones del Cuerpo de Maestros. Son cuestiones lo suficientemente importantes como para que pidamos información al respecto y formulemos propuestas a la Administración.

Hemos solicitado a la consejera de Educación, sin obtener respuesta, que convoque la Mesa Sectorial para darnos a conocer los datos de las oposiciones al Cuerpo de Maestros en la última oposición. Queremos hacerle llegar las deficiencias detectadas en este proceso selectivo, que nos trasladaron en su momento los opositores, y saber qué resultados se han obtenido en las diferentes pruebas.

Hay un dato muy significativo y alarmante que queremos analizar junto a la Adminis­tración: el bajo número de opositores que se han presentado este año a las oposiciones al Cuerpo de Maestros en la Comunidad de Madrid, que supone casi un tercio menos de los que se presentaron hace dos años. Un dato sorprendente en unos momentos de crisis donde la tendencia es la contraria: el aumento de opositores, a veces de forma masiva, como recogen los medios de comunicación, para cubrir un reducido número de vacantes en diferentes ámbitos y cuerpos de la Administración. Paradójicamente, en la Comunidad de Madrid este número se ha reducido de manera sorprendente, en contra de las previsiones iniciales, en un porcentaje muy significativo.

Dicen las autoridades educativas que quieren atraer a la profesión docente a los titulados con mejores expedientes y retener a los mejores profesionales. Es este un buen objetivo, que compartimos. No sabemos cómo piensan conseguirlo, pero sospechamos que en nuestra comunidad se va por el camino equivocado. En vez de incrementarse el número de opositores, en una situación de crisis tan propicia para la búsqueda de empleo estable, descienden los candidatos. Sospechamos que de alguna manera las actuaciones unilaterales de los dos últimos años de la Consejería de Educación madrileña y las muestras de hostilidad hacia el profesorado de la enseñanza pública, cuestionando su preparación y profesionalidad, ridiculizando a los opositores madrileños, eliminando el valor de la experiencia de la nueva regulación de las listas de interinos, lejos de atraer, han servido para disuadir y oscurecer las expectativas y el horizonte de los maestros para ejercer la docencia como funcionarios en Madrid donde, al contrario que en otras comunidades, los profesionales docentes están bajo sospecha, parece que se han convertido en chivos expiatorios de una mala gestión educativa y están injustamente bajo el foco del debate mediático, señalados por las autoridades madrileñas.

Recientemente se ha aprobado la LOMCE en el Congreso de los Diputados. Después de su paso por el Senado, se han introducido algunas enmiendas de última hora que bien pudieran haberse incluido con anterioridad, como resultado de la negociación con los sindicatos docentes. Un ministro de Educación enrocado en una actitud de autosuficiencia ha traído como consecuencia que la nueva reforma educativa suscite el rechazo unánime y no haya recibido el respaldo de ningún partido político. Una aprobación triste, a modo de victoria pírrica, de una ley que nace muerta al carecer del más mínimo consenso, a consecuencia de la falta de tacto y cintura política de quien ha sido su promotor, que ha considerado irrelevante el diálogo y la interlocución con las organizaciones sindicales de la enseñanza pública, no ha sido capaz de pilotar con éxito el desarrollo de la misma ni ha conseguido concitar, no ya un consenso mínimo imprescindible, sino el apoyo de los que compartían la idea de que una reforma educativa es necesaria en España. Tras dos años de singladura, se puede decir que esta es una ocasión perdida para el cambio educativo en nuestro país, cuyo rumbo se ha trazado ignorando a la enseñanza pública y de espaldas al profesorado.

Difícilmente se puede prosperar y alcanzar resultados satisfactorios en la educación si quienes, desde la responsabilidad política, al elaborar las leyes educativas, desdeñan la opinión y el parecer de los profesionales, a la vez que, desde otras instancias, se les cuestiona.

No se puede ignorar a quienes son los principales actores en la puesta en marcha del diseño educativo. La evidente quiebra del principio de confianza en el profesorado es un error de bulto. Sus consecuencias son el desconcierto y la frustración en un colectivo cuyo imprescindible compromiso profesional con la reforma quedará debilitado. Sin el convencimiento y la implicación del profesorado, no alcanzará plena efectividad.