En educación, todos expertos
Inmaculada Suárez Valdés
Coordinadora estatal del Defensor del Profesor
Secretaria estatal de Comunicación de ANPE
Años de aprendizaje, de estudio y preparación para llegar a una triste conclusión: todo nuestro esfuerzo ha sido inútil, cualquier persona –padres, alumnos, vecinos…– nos da lecciones de pedagogía sin necesidad de pasar por ninguna facultad.
Uno cree que sus años de experiencia en las aulas le curten, por aquello de que “todo lo que no acaba contigo te hace más fuerte”, pero lo cierto es que siguen haciendo mella en nuestro estado de ánimo las faltas de consideración, el “calumnia que algo queda “ y la forma que tanto padres como alumnos tienen de arrogarse la capacidad de cuestionarnos, no solo nuestra metodología o los contenidos que impartimos –establecidos por ley– sino que, como una forma más de rizar el rizo, puede entrar incluso a debate algo tan crucial e importante para la educación del alumno como es el color de bolígrafo que se utiliza en las correcciones (hechos reales).
En ninguna otra profesión, que yo sepa, a sus profesionales se les cuestionan con tanta virulencia sus decisiones y su formación. En ninguna otra profesión se admite que personal externo a la misma, y por lo tanto profano en la materia, quiera organizar, presionar o saber más que el propio especialista.
Sin embargo, en educación, todo vale y nada sorprende. Ni a propios, al admitir las injerencias que se perpetran sin ninguna justificación razonable por ciertos elementos de la comunidad educativa y con la aquiescencia de los distintos representantes de la Administración, ni a ajenos que se adjudican el derecho de cuestionar cualquier decisión, sea pedagógica o de organización, y además exigen –de señor a vasallo– ser obedecidos en todas sus peticiones por absurdas que resulten.
Y es que ya no es el alumno quien se debe adaptar al profesor, ni el que tiene esforzarse por aprender los contenidos que establece el currículo, ni el que debe ser correcto en el trato con los demás, ni el que acata los horarios o fechas de exámenes, ni al que se le evalúan el aprovechamiento y los conocimientos adquiridos de acuerdo con los contenidos establecidos en la programación. No, ahora es el alumnado el que decide, a tenor de las denuncias que formula y de la viabilidad que se les da, cómo y cuándo se hace un examen, los criterios de evaluación y los contenidos que deben evaluarse, el qué y el cómo de los temas a tratar en clase, lo que es correcto o no en cuestiones de convivencia. Ahora, ocupando el hueco que como profesionales nos hemos dejado arrebatar, surgen los “entendidos” que se adjudican conocimientos y decisiones que no son de su competencia, entre ellas la capacidad de juzgar –sin necesidad de recurrir al buen criterio de los especialistas en educación, que los hay– la idoneidad del profesor y exigir su inmediata destitución.
Malos tiempos corren para la educación y sus profesionales si desde la Administración se permiten y toleran injerencias en nuestra profesión y nosotros mismos como colectivo no somos capaces de decir basta.
