El fin de un ciclo en la Educación madrileña

Fin de legislatura y educación

Francisco Melcón Beltrán
Presidente de ANPE-Madrid

Estamos expectantes por saber si, tras el 24 de mayo, se confirmarán los pronósticos y, junto con la legislatura, finalizará también un ciclo donde el bipartidismo ceda ante los partidos emergentes la llave de la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid.

Según las encuestas, al menos dos de ellos irrumpirán con fuerza en la escena autonómica, otros perderán su hegemonía y alguno desaparecerá o quedará reducido a un papel meramente anecdótico. Las alianzas postelectorales serán inevitables y las medidas políticas precisarán de consensos y acuerdos a varias bandas para gobernar.

Este nuevo ciclo será el contrapunto a las mayorías absolutas que trajeron consigo una arrolladora forma de hacer política de los últimos gobiernos madrileños, prescindiendo del acuerdo y del consenso con otras fuerzas y agentes sociales en los asuntos de mayor calado y trascendencia.

En un intento por desviar el foco de su responsabilidad y sus propias carencias, durante esta legislatura han señalado reiteradamente a los sindicatos, en colaboración con algunos medios de comunicación, en una campaña de desprestigio indiscriminado, como entes prescindibles causantes de los problemas de la ciudadanía.

En esta legislatura que finaliza, el talante y la suficiencia de algunos responsables políticos en esta comunidad han dejado al descubierto un trasfondo y una forma de hacer política impropios de los tiempos que corren, llegando a cuestionar públicamente la profesionalidad de los docentes madrileños y del personal sanitario como argumento de fuerza para concitar el apoyo social al intento de privatizar la sanidad y la educación.

Los recortes educativos a los centros, las familias y los docentes; la reducción de las plantillas en más de 7500 profesores; la precarización de las condiciones de los interinos; la apuesta por la enseñanza privada y concertada; la gestión economicista de la educación; la falta de tacto y sensibilidad en los asuntos educativos; el sentimiento antisindical; la falta de diálogo y negociación; las declaraciones ofensivas hacia los docentes; los anuncios públicos que han generado titulares de prensa sensacionalistas y diversas ocurrencias sin sentido son los rasgos que componen la radiografía del daño causado a la enseñanza pública y su profesorado en esta etapa que finaliza.

Durante estos cuatro años, el debate educativo ha sido inexistente. El Gobierno saliente no ha tenido entre sus prioridades ni a la educación pública ni a su profesorado. Las medidas educativas se han tomado a golpe de decreto, hurtando al profesorado la posibilidad de opinar sobre las cuestiones que le afectan. Clamoroso es el caso de la LOMCE y los currículos de Primaria y Secundaria, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, desarrollados y aprobados de espaldas al profesorado, sin su participación. Craso error.

Al cierre de este número, hemos mantenido reuniones con algunos de los candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en las que hemos tenido ocasión de trasladarles nuestras impresiones sobre la legislatura que termina y lo que consideramos deben ser las prioridades de la política regional, ineludibles tras las elecciones de mayo, en relación a la educación madrileña y el profesorado.

El aumento de la inversión educativa, el refuerzo de las plantillas en los centros, la mejora de las condiciones de contratación del profesorado interino, la negociación de un nuevo Acuerdo Sectorial que mejore las condiciones sociolaborales de los profesores, el aumento de la oferta formativa, la disminución de las tasas en enseñanzas fundamentales como la Formación Profesional o los idiomas, y un entendimiento, beneficioso y fructífero, entre el futuro Gobierno de la Comunidad y los sindicatos docentes son algunos de las problemas que les hemos hecho llegar y que requieren solución.

Situados de lleno en plena contienda electoral, algunos partidos abogan por la derogación de la LOMCE si llegan al poder. La oposición frontal expresada por algunas organizaciones que han promovido el boicot a la realización de la evaluación de diagnóstico en tercero de Primaria, realizada hace escasos días, es otra iniciativa, materializada desde otros frentes, en contra de la ley educativa y en apoyo de su paralización.

En esta dinámica, se hace evidente lo obvio: la mejora de la educación no puede concebirse sin medidas que susciten el consenso y que sean fruto del pacto de los distintos partidos y de todos los agentes educativos. Ahora bien, mientras no se involucre claramente al profesorado, que está a pie de aula, y a las organizaciones representativas como principales aglutinantes, cualquier acuerdo será imposible y las reformas seguirán teniendo fecha de caducidad.

Antes de cualquier decisión precipitada en relación a la LOMCE, sería deseable la apertura de un proceso de aproximación entre los diferentes agentes educativos, los partidos políticos y los poderes públicos para establecer un diagnóstico compartido sobre la situación de la educación madrileña, pero también española, como punto de partida para acometer con éxito las mejoras que la educación necesita. Si no, serán efímeras.

Ni desde el poder político ni desde los estamentos que representan a la tecnocracia educativa, como se ha demostrado, se comprende la verdadera dimensión del rol del profesor ni el auténtico alcance de su cometido, que va más allá de enseñar. Se cuestiona a menudo la esencia de su profesionalidad y se encorseta su labor, curso a curso –como la lluvia fina–, con un rango de exigencias creciente e inasumible y con directrices contradictorias, cuando no absurdas, que los equipos docentes y los profesores se ven incapaces de aplicar.

 Poco a poco, se ha ido despojando al docente de sus atributos profesionales y de su propio criterio, reduciendo la capacidad operativa que precisa para educar y su iniciativa, convirtiéndolo en un mero ejecutor del currículo, en un peón inseguro, al albur de la burocracia educativa.

Reclamamos mayor relevancia para el profesorado en la toma de decisiones en los centros y también en los asuntos importantes de la educación, que se cuente con su saber y experiencia para fraguar cualquier tipo de acuerdo futuro, desde el sosiego y sin la crispación de los políticos, como contrapunto a quienes teorizan sistemáticamente, reforma tras reforma, desde sus atalayas, sin rendir cuentas ante el fracaso evidente de algunas de sus recetas.

Esperaremos el resultado de las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo para saber quién va a tomar las riendas de la educación madrileña. Tanto si hay relevo en el Gobierno regional como si el actual partido gobernante revalida su mayoría, la incertidumbre del futuro debe quedar despejada inmediatamente con nuevos pactos y acuerdos que redunden en una mejora educativa y en una nueva legislatura más fructífera para los docentes madrileños.